Universidades al límite: Madrid frente a la crisis de la educación pública
María Louzado Martínez
"Cuando se recorta la universidad, se recorta el futuro de todos".
Desde hace años, la financiación de las universidades públicas en Madrid es un problema que pocos ven, pero que afecta a miles de estudiantes, profesores e investigadores. Las seis universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Politécnica, Carlos III, Rey Juan Carlos y Alcalá) llevan tiempo denunciando un déficit estructural que ha ido acumulándose sin que los gobiernos regionales logren revertirlo. Este déficit no solo se traduce en aulas deterioradas o laboratorios obsoletos: repercute en la calidad de la docencia, en la investigación y en la capacidad de la universidad de cumplir su función social. La huelga de los días 26 y 27 de noviembre puso en evidencia esta crisis y obligó a poner números y rostros a un problema que parecía lejano para muchos ciudadanos.
Según el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2026, el presupuesto destinado a las universidades públicas alcanzará los 1.239,7 millones de euros, lo que supone un aumento del 6,5 % respecto al año anterior. Aunque el gobierno regional calificó esto como un "récord histórico de inversión", los rectores y representantes estudiantiles lo consideran insuficiente. El aumento solo compensa parcialmente años de recortes, la inflación y la necesidad de renovar las infraestructuras. Muchas universidades han tenido que pedir préstamos internos para pagar sus gastos más básicos, como nóminas y suministros. Estas cifras, lejos de ser abstractas, se traducen en edificios con goteras, techos que se caen a trozos, laboratorios sin renovar y aulas saturadas. Los estudiantes y profesores lo sienten cada día más: menos recursos, menos apoyo, menos oportunidades.
La universidad pública siempre ha sido un motor de movilidad social. Permite que estudiantes de distintos niveles socioeconómicos accedan a una educación de calidad. Pero la infrafinanciación amenaza este principio. Con menos recursos, hay menos plazas, menos becas y menos servicios de apoyo. Las familias con menos ingresos son las que más lo sufren, mientras que quienes pueden permitírselo recurrirán a las universidades privadas o a pagar servicios extra (cursos, tutorías o actividades adicionales). El riesgo es evidente, y es que la universidad pública corre el peligro de convertirse en un privilegio para unos pocos.
Pero no solo los estudiantes sufren. Profesores e investigadores se enfrentan a contratos temporales y salarios insuficientes, lo que dificulta retener el talento español. Muchos jóvenes investigadores se ven obligados a emigrar a otros países o a universidades privadas para poder continuar con sus proyectos, lo que representa una pérdida de capital humano y de conocimiento que, como sociedad, pagaremos caro a largo plazo. Además, la investigación también se resiente, ya que los proyectos necesitan financiación constante, y la falta de inversión obliga a cancelar o posponer importantes investigaciones. Madrid, como capital europea, pierde competitividad académica frente a otras regiones donde la educación superior recibe apoyo sostenido. Esta situación tiene su reflejo en la percepción de los jóvenes: según encuestas recientes, un 71,5 % de la Generación Z cree que las oportunidades para ellos escasean, resumido en la frase más repetida: "Te piden experiencia, pero no te dan la oportunidad de conseguirla".
La solución no se limita a aumentos puntuales ni parches financieros, sino que requiere un compromiso estructural y sostenido, con una financiación estable que cubra docencia e investigación, protección de la autonomía universitaria, inversión en personal y servicios, y planificación a largo plazo. La comunidad universitaria, junto con la sociedad civil, debe participar activamente en la defensa de la universidad pública, que es un derecho y un motor de progreso para todos; de lo contrario, la sociedad perderá mucho más que aulas y laboratorios.