Los vecinos de Vallecas denuncian una “expulsión silenciosa” tras la venta de dos pisos sociales

Una vez más, dos edificios dedicados al alquiler social pasan ahora a ser objeto de especulación. Más de un centenar de vecinos del Ensanche de Vallecas denuncian su desalojo después que se les negara la renovación del contrato. El comprador pretende sacar el régimen de protección social y ponerlos estos pisos en el mercado libre.

Durante casi dos décadas, estas viviendas formaron parte del programa de la Obra Social de la Caixa, destinado a personas con dificultades para acceder a la vivienda. Es el caso de David Jiménez, uno de los afectados, que tiene reconocida una incapacidad del 49%. Jiménez afirma: "Para que te dieran uno de los pisos había que ajustarse a unos requisitos, tener una renta máxima".

Los pisos fueron construidos mediante subvenciones públicas dedicadas a la Obra Social. Aun así, la Caixa decidió en 2022 dejar de renovar dichos contratos, y en agosto los vecinos recibieron la confirmación que no habría más prórrogas. Pocos meses después, una nueva comunicación les informó de que los inmuebles pasaban a manos de la empresa Mosaic Propco, que ahora gestiona los contratos. De este modo, la Caixa se llevará el 100% de los beneficios de unos pisos subvencionados con dinero público. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se ha unido a estos inquilinos en su lucha: "Tras recibir subvenciones y desgravaciones para construir la Obra Social, Caixabank ahora sigue persiguiendo aumentar sus beneficios a través de la especulación con la venta de la misma".

Esto solo es otro ejemplo del gran problema que acarrea España con la vivienda. El banco de España apunta que el 45% de las personas que viven en alquiler están expuestas a riesgo de pobreza o exclusión social. Actualmente, el precio del metro cuadrado en Madrid se ha duplicado respecto 2020, situándose en 5.705 €/m2, según datos de Idealista. Lo que no se ha duplicado es el salario medio, que elDiario.es sitúa en 2.290 € en 2025.

Según el medio Civio, diez empresas concentran el 12 % de los inmuebles alquilados en la Comunidad de Madrid. En ese informe, respaldado por el Sindicato de Inquilinos de Madrid, se indica que la empresa Blackstone tiene alquilados 13.125 inmuebles. No solo eso, también afirma que 372 sociedades tienen más de 50 propiedades en su posesión, lo que significa que controlan un 17,6% del total del alquiler.

Finalmente, está el problema de los pisos turísticos. Oficialmente, Madrid es la provincia con menos, con un 9,8%. No obstante, según El País, "nueve de cada 10 pisos turísticos en Madrid carecen de registro oficial". Así, se estima que existen casi 170.000 viviendas destinadas al alquiler turístico que operan sin licencia.

El principal problema no es solo la situación actual, sino que esta tiende a agravar el propio conflicto de forma exponencial. Si una empresa controla un gran número de inmuebles, sus beneficios aumentan, lo que facilita la compra de más viviendas que seguirán generando rentabilidad, alimentando así un círculo vicioso. Además, en Madrid, a diferencia de otras comunidades autónomas, no existe un impuesto específico a los grandes tenedores, más allá del habitual IBI. Esto convierte a la región en un lugar idóneo para este tipo de especulación.

¿Entonces, como se puede solucionar este problema?

Hasta el momento, la respuesta ha sido seguir construyendo. Esto ha generado la degradación de espacios naturales. Zonas como el Parque Regional del Sureste o las riberas del río Manzanares han sufrido construcciones irregulares o ampliaciones urbanas que han reducido los espacios naturales dentro de la Comunidad de Madrid. No solo eso, sino que dichas construcciones representan un peligro para los inquilinos. Como hemos visto anteriormente, muchas se encuentran en zonas no urbanizables y, por ello, están en riesgo de inundaciones y otros problemas ambientales. A ello se suma su impacto medioambiental. Uno de los casos más notorios en Madrid es el del río Guadalix. Actualmente, se está planteando modificar la calificación a urbanizable. Los ecologistas afirman que dicho cambio implicaría la destrucción o fragmentación de hábitats naturales, lo que dificultaría la supervivencia de muchas especies. Del mismo modo, alteraría el ciclo del agua y aumentaría la contaminación del entorno durante las obras.

Por otro lado, ERC propone aplicar un impuesto progresivo según el número de viviendas en propiedad. Sumar, por su parte, defiende limitar el precio del alquiler en función de la ubicación y las características de cada vivienda, una medida que también respalda el PSC.

En contraposición, el PP rechaza la intervención directa sobre los propietarios. Propone un aval estatal de hasta el 15 % del precio de la vivienda para mejorar el acceso a la financiación, así como una reducción de impuestos que incentive la compra. Finalmente, Vox propone liberar suelo urbanizable y derogar la Ley de la Vivienda.

La vivienda no debería ser un producto financiero ni de especulación. Cada desalojo es un ejemplo de cómo el lucro se antepone a una necesidad básica.