Las voces de los campistas de Sol se pronuncian ante el caso de Maricarmen

Adriana López Fernández

La reconocida plaza de la capital española continúa albergando más de 1.000 manifestantes. El caso de la octogenaria madrileña desahuciada el pasado miércoles 23 de septiembre ha desembocado en miles de ciudadanos pernoctando en tiendas de campaña durante los últimos 3 días. A lo largo de dos jornadas, se han recogido las distintas declaraciones y testimonios de los presentes sobre este mediático acontecimiento.

Acampada en Sol el lunes 28/09/2026 a las 17:00 horas

Ante la repercusión que ha tenido el desahucio de Maricarmen, múltiples ciudadanos han dado su punto de vista acerca de por qué este caso en específico había sido el elegido para este desenlace de protestas y reivindicaciones. Estos aseveran que la anciana "ha sido la gota que colma el vaso" y que "representa a miles de personas que se desahucian anualmente". Destacan también lo que califican como "factor humano", pues están de acuerdo en que Maricarmen es una persona en una situación vulnerable y que las "imágenes violentas" ofrecidas por los medios de comunicación durante el proceso de alzamiento conmoverían a toda una población. Por otro lado, también existe un sentimiento generalizado de haber instrumentalizado a la madrileña, pues consideran que de haber sido una persona joven, no habría tenido tanta voz.

Los acampadores señalan como principales culpables a los fondos buitre, a los responsables que "abusan" de los alquileres turísticos y destacan al Gobierno que, según las palabras de los entrevistados, "permiten la especulación favoreciendo el Status Quo". Los manifestantes buscan soluciones, y entre ellas reclaman limitar los propios fondos buitre, la regulación del alquiler vacacional o la aprobación de contratos indefinidos que califican de "algo absolutamente básico". Miran con esperanza el Decreto Maricarmen, aunque consideran que no solventará en su totalidad esta problemática en materia de vivienda: "es indispensable dejar de percibir la vivienda como un negocio, el propietario no es la persona importante en este asunto, no debería estar ganándose su sueldo a costa del derecho a la vivienda, debemos centrarnos en el inquilino", aseguran simpatizantes del Sindicato de Inquilinos. Por otra parte, individuos como Amatista, perteneciente a la presentación del proceso unitario de colectivos de vivienda en Madrid, afirma que legalizar la ocupación sería una posible solución, así como el cese de empresas en materia de desocupación. El joven de 27 años no cree en las instituciones y considera que hay sectores de la población que no tienen recursos suficientes para poder acceder a una vivienda digna.

Pancarta con lema "frente a su espekulación, okupación"

El levantamiento ha dado espacio a una controversia en materia de ocupación. Jóvenes manifestantes sitúan el número de desahucios en España como el doble que el de ocupaciones, tachando estas últimas de "insignificantes", además de criticar la "propaganda y desinformación" que "generan miedo", dicen, a los ciudadanos. Vox, la formación verde de Santiago Abascal, quienes han mantenido una postura crítica con las ocupaciones también se encuentran en el foco de disparidad, pues hace escasos días publican en sus redes sociales un post con el siguiente mensaje: "Y si Maricarmen se llamara Morocarmen?" Los entrevistados se han pronunciado al respecto. Entre ellos, la influencer y divulgadora Lorena Okenve Moto los califica de "sinvergüenzas" y "racistas". Consideran que la formación de Abascal trata de confrontar a los españoles con los inmigrantes.

No han sido estas las únicas polémicas que han emanado de este acontecimiento, pues se plantea hasta qué punto son legítimas las acciones llevadas a cabo en este caso. El sentimiento general con respecto a ello se centra en que "no se debe justificar un desahucio" ya que "en caso de subir el precio del alquiler, éste debería alinearse con el IPC, no se debería subir de forma abrupta". Decenas de mujeres que se encuentran en la acampada ligan esta situación en específico con razones feministas y achacan que Maricarmen "no pudo poner la vivienda a su nombre por el hecho de ser mujer en aquellos tiempos", por lo que, "el caso tiene enquistados factores históricos relativos al feminismo". También afirman que "este es un problema multifactorial" que "no se soluciona de forma puntual" y que por ello, "la acampada no debería levantarse de la Puerta del Sol". Los indignados no aceptan que a Maricarmen se le otorgue una vivienda pública, pues se mantienen en que la Señora Abascal "no tiene por qué aceptar una vivienda que no es suya" y que "el hecho de rechazar una vivienda pública estaría totalmente justificado".

Manifestante agarrando un cartel con el mensaje de "este cartón es más grande que la casa que me puedo permitir"

En el epicentro de la concentración se presentaron figuras como el activista político Vito Quiles, quien fue recibido entre abucheos. El joven declaró: "llevan 8 años con este Gobierno y no se han manifestado ni una sola vez por la vivienda, ni una sola vez por todos los casos de corrupción de este Gobierno que ellos mismos han votado y que parece bastante contradictorio que los mismos que se quejan sean los mismos que gobiernan".

Quiles el lunes 28/09/26 declarando para EDA TV

No solo Quiles desató fervor, pues según informan medios como 20 Minutos, La Razón o El economista, el portavoz del Sindicato de Inquilinos Fernando de los Santos pertenecería a una familia de marqueses con sociedades inmobiliarias buitres que generan un patrimonio de más de 80 millones de euros. Frente a estas declaraciones, Aurora, trabajadora sexual de 31 años, asegura que no mantiene relación con su padre por ser propietario de numerosos pisos y que, por ende, "no se puede juzgar a una persona en base a su estructura familiar": "Si ellos hicieran lo que le han hecho a Maricarmen, soy la primera en quemar los pisos, muchas veces puedes estar en contra de lo que tu familia dice. Son necesarias más ovejas negras en las familias", defiende.

El pasado martes 29 de septiembre se llevó a cabo una reunión del Consejo de Ministros donde se discutieron medidas referentes al decreto ley. Las distintas formaciones políticas dejaban claras las medidas que querían tomar; Junts y el PNV abogan por bonificaciones para el pequeño propietario, mientras que el socio del Gobierno, Sumar, se posiciona claro en su deseo de la aprobación de contratos indefinidos. Tras numerosos rifirrafes, se ha llegado este mediodía a un acuerdo: la aprobación de un paquete de dos decretos que será sometido a votación este viernes en el Congreso de los Diputados. En el primer decreto se reconocen medidas como la protección frente a desahucios aplicada hasta 2030, así como la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, la prohibición de los fondos buitre hasta el 2028, la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028 o medidas fiscales pertinentes. En el segundo, se acuerda la prórroga automática de alquileres.

La oposición se ha pronunciado frente a ello, la portavoz de la formación azul liderada por el Presidente Alberto Núñez Feijóo, Esther Muñoz, declara que "ocho años de este Gobierno no se solucionarán en 24 horas". Por su parte, Carlos Quero, portavoz en materia de vivienda del grupo parlamentario vox sostiene que los desahucios como el de Maricarmen "no son solo el síntoma de una crisis habitacional cuya verdadera causa es la inmigración masiva y la falta de oferta". Critica las medidas del Gobierno al considerar que ocultan este impacto demográfico y dejan fuera de juego a los ciudadanos vulnerables.

De forma subsiguiente, los ciudadanos que se encuentran estos días en Sol se han pronunciado respecto a estas medidas. María, estudiante de 21 años de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, tacha a los políticos de "tibios". Por otro lado César de 31 años en paro o Alberto, periodista de 23 añaden a esta afirmación que esta medida es "completamente insuficiente" y que lo que buscan es "establecer un parche temporal para contentar a la mayoría". Sostienen que estas soluciones planteadas "están hechas para prolongar la legislatura lo máximo posible" y que "pretenden desmovilizar las luchas sociales".

Además de ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, implanta un plazo de 48 horas para desalojar la plaza. De lo contrario, asegura tomar medidas legales. Patricia, orientadora de 31 años, advierte de que se trata de una manifestación pacífica que se realiza "sin ningún tipo de violencia" y que "del mismo modo que nosotros tenemos 48 horas, ella debería disponer del mismo tiempo para explicarnos en qué se han invertido 6,2 millones de euros del dinero público".

En definitiva, todo ello ha conllevado a un movimiento reivindicativo en el que la sociedad se ha pronunciado, y la acampada en Sol es el símbolo del mismo. A pesar de que Maricarmen haya decidido volver a la vivienda ubicada en el distrito del Retiro tras un acuerdo con Urbagestión, las manifestaciones continúan.