Las mujeres de Irán: 50 años de humillación
Las mujeres iraníes viven una situación agónica bajo el régimen de los ayatolás tras ver sus derechos cada vez más mermados
Rodrigo Pino Paniego / OPINIÓN
Masha Amini
Imagina por un momento que eres una mujer y quieres llevar una vida lo más tranquila posible: acudes a la escuela o al trabajo, quedas con tus amigos o vas de compras, ves una película en el cine o comes fuera, etc. Ahora imagina que, para hacer todo eso, estás obligada por ley a llevar una prenda que te cubre todo el pelo incluso en verano, y no cumplir con dicha imposición puede acarrearte una pena de prisión o, incluso, la muerte. Ese es el escenario al que deben enfrentarse millones de mujeres en Irán, un país en Oriente Medio cuyas autoridades mantienen normas discriminatorias basadas en la religión.
¿Quién fue la cara visible de las protestas? Mahsa (también llamada Jina) Amini, una joven kurda de 22 años que murió bajo custodia de la llamada policía de la moral en septiembre de 2022 tras ser detenida por no llevar el velo "adecuadamente". Su muerte desencadenó protestas masivas en todo el país bajo el lema «Mujer, Vida, Libertad». Manifestantes, incluyendo muchas mujeres, salieron a la calle para rechazar las normas discriminatorias sobre el velo y otras restricciones a las libertades
Las cifras sobre las protestas varían según las fuentes. Un informe con base en múltiples datos estimó que las protestas dejaron 516 muertos y más de 19 200 arrestados, incluidos niños, hasta principios de 2023.
El Estado respondió con una fuerte represión, incluidas detenciones arbitrarias, procesos judiciales injustos y en algunos casos la pena de muerte para quienes fueron acusados de cargos graves relacionados con los disturbios posteriores a las protestas. Por ejemplo, el futbolista iraní Amir Reza Nasr Azadani fue condenado a 26 años de cárcel por su supuesta participación en los disturbios, sin que existan señales claras de un proceso transparente.
Aunque el régimen de la República Islámica perpetúa estas normas desde hace décadas, la historia del velo obligatorio se remonta a poco después de la Revolución Islámica de 1979. Tras la caída del sah Mohammad Reza Pahlaví, el nuevo liderazgo teocrático decretó que el hiyab islámico debía usarse en lugares públicos y oficinas, y posteriormente lo incorporó al código penal, castigando con hasta 74 latigazos y/o penas de prisión a las mujeres que aparecieran sin hijab en público.
La represión no se limita a la vestimenta. Las mujeres sufren discriminación legal en otros ámbitos como el derecho de herencia y la autonomía personal: por ejemplo, la ley iraní tradicionalmente ha asignado a las mujeres una porción menor de herencia que a los hombres, y en muchos casos las mujeres casadas necesitan el permiso de un tutor masculino para viajar al extranjero o tomar decisiones importantes. Aunque estas disposiciones han sido objeto de debate interno, persisten desigualdades en la práctica legal y social. (Este último punto está documentado por múltiples análisis de derechos humanos sobre Irán, aunque no siempre se recoge en cifras oficiales.)
Cabe destacar que, a partir de 2023–2024, el Parlamento iraní aprobó un proyecto de ley aún pendiente de plena aplicación avanzado por sectores conservadores que ampliaba las penas por desafiar las normas del hiyab, incluso con multas, prohibiciones de viajar, penas de prisión y castigos corporales, e incluía disposiciones que podrían permitir condenas de hasta 10 años de prisión por promoción de la "indecencia" o "desnudez" según definición legal ambigua.
Tras las protestas y como gesto político, el propio presidente iraní Masoud Pezeshkian, elegido en 2024 con cierta agenda reformista, ha anunciado la suspensión temporal de la aplicación estricta de la policía de la moral en algunos lugares, y la imposición de la ley aprobada por el Parlamento se ha visto frenada o no aplicada plenamente ("suspendida" o no aplicada aun tras su aprobación formal por el Parlamento).
No obstante, muchas mujeres iraníes desconfían de estos cambios, ya que continúan recibiendo mensajes y advertencias de autoridades sobre su forma de vestir y hay evidencia de que fuerzas de seguridad y tecnología de vigilancia (incluido reconocimiento facial y aplicaciones móviles para denunciar infracciones) se siguen empleando para controlar el cumplimiento de las normas sobre el hiyab.
La oposición iraní y los grupos de derechos humanos aseguran que estas leyes y su aplicación violan de manera sistemática los derechos humanos fundamentales, incluyendo la igualdad, la libertad de expresión y la libertad de religión o creencias.
En respuesta a estos abusos, la Unión Europea y otros actores internacionales han impuesto sanciones económicas y restricciones sobre posesiones y comercio con Irán, en un intento de presionar al régimen para que respete los derechos humanos. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos consideran que estas medidas son insuficientes ante la magnitud de la represión. (Este juicio es una valoración general que se encuentra en muchos análisis críticos de políticas internacionales frente a Irán y no siempre está resumido en un solo informe oficial.)