El lugar de la dignidad

30.11.2023

España se despertó el pasado domingo uno de octubre ante el incendio de dos discotecas

conexas en la ciudad de Murcia, que dejó trece fallecidos y cuyo origen no ha sido aún

confirmado en el marco de la investigación policial.

Javier Somoza / GETAFE


En estas líneas, no pretendo llevar a cabo una crítica política de la tragedia, pues no la creo respetuosa, por lo que me limitaré a reproducir las declaraciones de José Ballesta, alcalde de la ciudad, asegurando en Onda Regional que parte de la acusación posee un interés económico en el caso (¡incluso Vox le ha pedido que se disculpe con los familiares de las víctimas!), tampoco valoraré que los partidos que conforman el Gobierno autonómico se hayan opuesto a la apertura de una Comisión de investigación para que la oposición no obtenga rédito de ella; ni, por supuesto, mostraré mi sorpresa por lo inaudito de la rueda de prensa conjunta celebrada por los responsables de Urbanismo de PP y PSOE, el lunes posterior al incendio, cubriéndose las vergüenzas.

Mi más que humilde objetivo, como murciano y joven que nunca salió de fiesta en la afectada zona de discotecas, pero con amigas y amigos que escasas semanas antes, entre multitudes, celebraban allí el inicio del curso universitario, es evitar que este amargo suceso caiga en el olvido, promover el respeto que víctimas y sus familiares merecen, y desde mi escaso poder como ciudadano exigir que se depuren las correspondientes responsabilidades.

En pocas palabras, que la justicia haga honor a su nombre. Que las discotecas Teatre y Fonda Milagros, emplazadas en un solo local dividido sin la autorización necesaria, estaban abiertas todos estos años era algo ampliamente conocido, como probablemente numerosos otros locales de ocio se mantienen en funcionamiento sin contar con las pertinentes medidas de seguridad. Solo las autoridades de Murcia, en cambio, eran conscientes de la existencia de una licencia de cierre de las discotecas no ejecutada desde 2022; por ello, dos funcionarios municipales fueron suspendidos tras la catástrofe. La disonancia es grave. 

Resulta casi absurdo recordar que las consecuencias de lo sucedido son irreparables, pero se me plantea necesario y urgente hacer uso de la palabra para remitir a la importancia de la dignidad que, hasta ahora, parece vergonzosamente negarse a los afectados.