El gobierno de Zelensky, cuestionado por escándalos de corrupción
Andrea Piqueras
Ucrania se encuentra en un punto de máxima tensión mientras se cuestiona la transparencia institucional, exigencia imprescindible tanto para los ciudadanos como para los aliados occidentales, cuya ayuda hace posible la resistencia frente a Rusia.
La NABU (Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania) ha revelado recientemente la existencia de una red criminal que presuntamente sobornaba a altos cargos de la Administración. Su objetivo consistía en operar estafas mediante fraude telefónico, realizar negocios ilegales y cometer delitos violentos.
Los miembros están acusados de pagar sobornos de forma regular a cambio de la protección de estos funcionarios, permitiendo que los centros de fraude y las empresas que operan ilegalmente no se vean obstaculizados. Los que cobrarían estos sobornos serían los altos mandos del Servicio de Seguridad (SBU), de la Policía Nacional y de la Fiscalía General.
Los registros, iniciados el 5 de septiembre, se realizaron en las oficinas de Ruslan Kravchenko, Fiscal General en el momento de los hechos. Esto ocurrió tras la acusación a un subordinado de formar parte de la coordinación del entramado dirigido a víctimas nacionales y extranjeras. Aunque Kravchenko negó estar involucrado, presentó su dimisión el pasado 14 de septiembre y abandonó Ucrania poco después.
Por otro lado, la Policía Nacional ha anunciado su colaboración con la NABU y la suspensión de funciones de los agentes investigados, pidiendo no prejuzgar ni sentenciar socialmente a los mandos policiales mientras se encuentran a la espera de la revisión y verificación internas.
La erradicación de la corrupción institucional es un requisito vital para la Unión Europea si Ucrania pretende avanzar en su proceso de adhesión a la comunidad. Asimismo, aliados internacionales han condicionado la continuidad de la ayuda financiera y militar contra la invasión rusa debido a la falta de transparencia en las estructuras del Estado.
Este escándalo no hace sino aumentar la presión sobre el gobierno de Zelensky, que enfrenta numerosas investigaciones por corrupción relacionadas con figuras cercanas desde noviembre de 2025. Estas apuntarían a exministros, diplomáticos y altos funcionarios ucranianos.