El fiscal general del Estado, condenado por revelación de secretos

Pablo García

El Tribunal Supremo sentencia al fiscal general a dos años de inhabilitación y a indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador por daños morales

Cinco de los siete magistrados de la Sala II del alto tribunal consideran culpable al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de "un delito de revelación de datos reservados". El fallo de la sentencia lo condena a un cese en su cargo de fiscal general durante dos años así como a una pena de "multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros" a Alberto González Amador "por daños morales".

Se considera vulnerado el artículo 417 del Código Penal, que castiga a "la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados". Las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo emitirán voto particular opuesto al mayoritario de la Sala.

El Supremo absuelve a García Ortiz del resto de los delitos objeto de la acusación. Evita las penas de cárcel que pidieron González Amador y las acusaciones populares, entre ellas, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Las reacciones políticas más esperadas llegaron de la mano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Ayuso celebra el fallo como triunfo de "una democracia libre" que no debe utilizar los medios del Estado "para hacer política delinquiendo". Bolaños anuncia el inicio de los trámites para la elección de un nuevo fiscal general del Estado en España y juzga desde Moncloa, en nombre del Gobierno, que tiene "el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir que no lo compartimos".