El derecho a no entender: ¿Por qué se necesitan ciudadanos poco exigentes?

Izan Merino Lorenzo

El 5 de octubre de 2026, tras anunciar la disolución de las Cortes Generales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó elecciones generales, que se celebrarán el 29 de noviembre. La legislatura termina sin haber aprobado nuevos Presupuestos Generales del Estado. Quedan siete semanas hasta las urnas y los dos grandes partidos ya han fijado los términos de la elección: avance o involución, según Sánchez; decadencia o cambio, de acuerdo con Feijóo. Aunque con lemas opuestos, ambos bloques plantean el voto como una disyuntiva que no exige saber qué se decide, sino a quién se rechaza: únicamente requiere que los hooligans elijan equipo.

En España se exige una licencia para la pesca recreativa y la Ley de Bienestar Animal —Ley 7/2023— ha implantado una formación obligatoria para los dueños de mascotas. Sin embargo, ¿por qué para decidir el rumbo del Estado no se exige absolutamente ninguna educación? ¿Por qué, simplemente por existir, yo, ciudadano, obtengo la potestad de ser partícipe de las decisiones que moldean el panorama político, económico y social de nuestro país?

Votar no es un gesto simbólico ni un mero derecho; es un acto de poder colectivo. La papeleta decide sobre impuestos, deuda pública, política exterior, educación y derechos. El voto decide cuánto hay que pagar, qué permitir y prohibir. ¿Consentiríamos que alguien sin formación médica nos operara a corazón abierto? No. Entendemos que hay decisiones cuya complejidad y consecuencias exigen ciertas competencias. Entonces, ¿por qué nuestro sistema democrático parte de la premisa de que cualquiera puede tomar decisiones que afecten a millones de personas sin demostrar comprensión de qué se decide?

El problema no es que la gente vote "mal"; es que el sistema permite, e incluso fomenta, el voto desinformado. El resultado: previsible. Decisiones políticas basadas en la emoción, el eslogan o una lealtad tribal. Y, cuando el impacto de un voto individual es nulo, la tentación se evidencia en mayor medida: se decide por impulso, por miedo. No es que la gente abandone sus valores: los expresa, pero deja de comprobar si aquel a quien vota los sirve. Se institucionaliza una participación en el gobierno en la que la opinión educada es irrelevante.

Jason Brennan, filósofo político y profesor en la Universidad de Georgetown, propone en Against Democracy (2016) una tipología de votante que ordena este diagnóstico. Los hobbits apenas se interesan por la política y su conocimiento de esta es limitado. Los hooligans, protagonistas en esta campaña, sí consumen información política, pero como el aficionado que solo lee la prensa de club: buscan confirmación de lo que ya piensan y desprecian a quien discrepa. Por último, Brennan introduce a los vulcanos, capaces de exponer los argumentos del adversario de tal forma que él aceptaría; son escasos. Fundamentan sus opiniones en las ciencias sociales y la filosofía. 

Y, ¿dónde se encuentra el grueso de los votantes? En las dos primeras categorías. Lo que es aún más incómodo, que un hobbit participe más rara vez lo convierte en vulcano; con frecuencia termina siendo un forofo que clama entre vítores los lemas de su partido. Y cabe sospechar que España es un retrato acertado de esto.

Así lo confirman los datos: durante años el CIS ha mostrado un bajo interés político sostenido en amplias capas de la población. Otros estudios evidencian una falta de conocimiento del funcionamiento institucional básico. La Fundación BBVA (2023) asegura que solo el 47 % de los españoles sabe en qué año se aprobó la Constitución, y apenas la mitad entiende por completo qué es la división de poderes. La lealtad, en cambio, no escasea: el 43 % vota siempre al mismo partido. Ante este paisaje desolador surge una pregunta incómoda: ¿por qué el voto no requiere el más mínimo criterio político? ¿Qué tipo de democracia hemos construido donde la calidad del juicio resulta irrelevante?

Hoy la tecnología permite implantar modelos que avancen hacia una democracia líquida, donde el ciudadano pueda participar activamente en la toma de decisiones más allá del voto periódico a un representante. Plataformas digitales posibilitarían la votación de leyes concretas, reformas o decisiones clave. El poder político dejaría de concentrarse en ciclos electorales para distribuirse entre los ciudadanos. Sin embargo, si ya es difícil justificar que no se exija nada en el modelo actual, en uno donde el voto decidiera sin intermediarios resultaría indefendible.

En este contexto, exigir un examen cívico básico para ejercer el derecho al voto no es elitismo, sino coherencia. Es un principio de competencia: es injusto imponer a alguien, a la fuerza de la ley, decisiones con impactos significativos sobre su vida cuando las toma un órgano incompetente. ¿Se aceptaría el veredicto de un jurado que no hubiera atendido a las pruebas? No es cuestión de evaluar ideología ni nivel socioeconómico. Basta con comprobar que quien ejerce poder político entiende qué es el Congreso, las competencias que ostenta el Gobierno o las implicaciones de aprobar, o no aprobar, presupuestos.

La paradoja es evidente: España exige una prueba de conocimiento constitucional, CCSE, a los extranjeros que solicitan la nacionalidad. ¿Por qué el Estado demanda esta acreditación únicamente a los inmigrantes para acceder a la nacionalidad, y con ella al derecho al voto, pero no requiere ninguna verificación equivalente a quienes ya lo ejercen o a los jóvenes que van a votar por primera vez? 

No obstante, las objeciones a la propuesta son sólidas. En el sur de Estados Unidos, los exámenes de alfabetización se presentaron como requisitos neutrales y sirvieron para apartar de las urnas a la población negra. En 1965, la Ley de Derecho al Voto empezó a desmantelarlos. En España, mientras que solo el 32 % de la población con estudios primarios acierta el año en que se firmó la Constitución, el porcentaje sube al 69 % entre quienes tienen estudios superiores. Así, un examen que no pretende medir el nivel socioeconómico lo acabaría haciendo. La respuesta pasa por el diseño: un banco de preguntas público, como el que ya existe para el CCSE, preparación gratuita e intentos sin límite. Con esas condiciones, para votar bastaría con dedicar unas horas a entender aquello sobre lo que se vota, y quien decidiera no dedicarlas estaría ejerciendo, precisamente, el derecho a no entender. Aun así, queda un límite que conviene admitir: el hooligan, informado, aprobaría sin esfuerzo; el examen reduciría la ignorancia en las urnas, pero el sesgo seguiría intacto.

Ahora bien, el motivo por el que este paradigma no se aborda es meramente político. No interesa que cambie. Ningún partido tiene incentivos reales para promover un electorado más formado, racional y menos arraigado en fidelidad y emoción. El ciudadano que comprende cómo funciona el poder cuestiona, detecta incoherencias y las castiga; el ciudadano desinformado es predecible, manipulable y leal. Los datos lo respaldan: según la Fundación BBVA, quienes más se interesan por la política son también quienes más cambian su voto. La diferencia resulta crucial para quien compite por ellos.

Por cínico que parezca, la política contemporánea no se orienta al bien común: persigue la supervivencia electoral. Se simplifica el discurso, se apela al miedo al adversario, todo con el objetivo de maximizar apoyos en ciclos cada vez más cortos, no de formar el criterio del pueblo. Resulta que el electorado consciente es incómodo y eso no da votos. Y ¿qué clase de democracia teme tanto al ciudadano incómodo? Aquella sostenida por inercia. Aquella que se limita a repartir poder, y salarios, mientras evita formar a quienes lo legitiman.

Cuando en 1931 se debatió el sufragio femenino en España, gran parte de la izquierda republicana, presentada como fuerza socialmente progresista, se opuso a reconocerlo. No por principio democrático, sino por cálculo político: por miedo a que las mujeres, influenciadas por la Iglesia, votaran a la derecha. La derecha, convencida de los beneficios que el nuevo electorado traería, votó a favor, igual que el PSOE. La historia no demuestra superioridad moral, sino algo más inquietante: los principios solo son firmes mientras no comprometen intereses; en el momento en que lo hacen, se diluyen.

Este patrón, lejos de haber desaparecido, se ha sofisticado. Pocos son hoy quienes se atreven a cuestionar el sufragio universal porque aún menos son los que están dispuestos a respaldarlo con la responsabilidad cívica que exigiría reformarlo. Por eso el debate es inexistente. No faltan medios técnicos, soluciones viables ni argumentos sólidos. Mejorar la democracia tiene un coste electoral inmediato: la pérdida de votos. Y, ¿qué partido está dispuesto a sacrificar escaños para ganar calidad institucional? Además, el obstáculo también es legal, pues el sufragio universal está protegido por el artículo 23 de la Constitución, cuya reforma exige el procedimiento agravado del artículo 168: dos tercios de ambas Cámaras, disolución de las Cortes, ratificación por las nuevas y referéndum. El electorado que se pretende filtrar tendría que aprobar su propio filtro.

Quizá el verdadero problema no es solo quién o cuánto se vota; quizá hemos construido un sistema que se basa en ciudadanos frágiles, en términos de José Saramago: analfabetos funcionales. Y mientras esa sea la lógica dominante, cualquier intento de elevar el nivel del debate político chocará frontalmente con los incentivos del propio sistema.

La pregunta final, entonces, no se centra en si las reformas son posibles: lo son. La pregunta que deberíamos llevar a las urnas el 29 de noviembre es: ¿estamos dispuestos a consentir un sistema que exige cada vez menos a quien decide cada vez más?