Casi 10 años después del 1-O y 3 años desde la Ley de La Amnistía, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la condena a Dolors Bassa impuesta por el Tribunal Supremo.
Valentina Polegre García
La ley de amnistía, negociada por Junts y ERC con el PSOE, que finalmente sería propuesta en el Congreso de los Diputados y publicada en el BOE el 11 de junio de 2024, sigue teniendo a día de hoy consecuencias jurídicas.
El 1 de Octubre de 2017, después de una serie de declaraciones por parte de ERC y Junts acerca de su intención de iniciar el proceso independentista de la comunidad Catalana, se convoca al pueblo Catalán a ejercer su soberanía en las urnas mediante un urgente referéndum con una simple decisión: Independencia sí o independencia no.
Con una participación del 42% y una posterior demostración del amaño de votos, gana el sí con un 90%; declarando el presidente de la "Generalitat" la supuesta independencia. El pánico cunde en el Congreso y el Senado, que no tardan en elevar al Tribunal Constitucional un recurso por el celebrado referéndum y la declaración de independencia. A raíz de esto y después de la declaración del Jefe de Estado a cerca de la clara inconstitucionalidad de la situación, los miembros de los partidos involucrados inician su huida a otros países dado que se les acusa de Sedición (Posterior delito de desobediencia), rebelión y del delito de malversación de fondos electorales ante el Tribunal de Cuentas.
La fiscalía pidió 25 años de prisión para Junqueras y 17 para Forcadell, Sánchez y Cuixart, mientras que para los cinco "exconsellers" pidieron 16 años que se vieron reducidos a 12. Entre ellos Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Raúl Romeva y Dolors Bassa. Por otra parte el Tribunal de Cuentas pedía la restitución del dinero malversado para la convocatoria del referéndum, estimado de 2-4 millones de euros. Dado que no presentaron a Hacienda una declaración de los gastos, afirmando que no se había destinado "ni un solo euro del dinero público"-Montoro, a día de hoy no hay forma de confirmar o desmentir esta estimación.
El pasado junio de 2023 se aprobó la Ley Orgánica de Amnistía por mayoría absoluta del congreso, mediante la que se extraditó a todos aquellos partícipes de los acontecimientos desde 2011-2023 relacionados con el "procés" que dieron a lugar al 4-N (Primer referéndum Catalán) y el 1-O, basándose en la ley de Amnistía de 26/1976. Con esta ley, se perdonaban los delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos, habilitando en añadido a todos los implicados a poder ejercer cargos del estado, siempre que no hubiera pruebas de propio lucro.
El caso de Dolors Bassa fue llevado hasta el Tribunal Supremo, dónde fue condenada a 12 años de cárcel y 12 años de inhabilitación para ejercer, remitiéndose a que la acusada se había beneficiado económicamente del "procés". Disconformes con la sentencia, elevaron un recurso al Tribunal Constitucional que con siete votos frente a cinco, incluyendo en los votos a favor al presidente Cándido Conde-Pumpido, sentenciando que la condena a Dolors Bassa era "manifiestamente contraria al espíritu y finalidad de la Ley"- Cándido Conde-Pumpido, pidiendo su liberación inmediata el pasado martes.