¿Necesidad, aportación o un mínimo común?
Izan Merino Lorenzo
El nuevo modelo de financiación autonómica reparte 21.000 millones y cambia en silencio qué entendemos por igualdad de oportunidades.
Figura 1. La playa del Sardinero I, en Santander (Cantabria), frente a La Manga del Mar Menor (Murcia).
¿Cómo de distintas son Cantabria y Murcia? Ambas tienen playa. ¿Y sus habitantes? ¿Tan distintos son? Usted, murciano, sepa que la administración que le paga el médico, la educación, dispone de 977 € menos por habitante que la de un cántabro. Sepa también que la diferencia no reside en usted. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) publicó el pasado agosto la liquidación de 2024 del sistema de financiación autonómica. Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha ocupan los últimos puestos; Cantabria y Extremadura la encabezan. ¿Por qué la diferencia?
Podría parecer el mecanismo que produce dicha diferencia oscuro; la realidad es la contraria pues resulta sencillo. El Estado cede a las comunidades parte de lo que se recauda en su territorio —IRPF, IVA, impuestos especiales— y lo redistribuye. Así, las regiones con mayor renta aportan a un fondo común del cual reciben las demás. ¿Pero quién decide el reparto?
Este no se hace por "cabezas", sino por lo que cuesta atender cada una; el peso de los mayores en la factura sanitaria resulta significativo en comparación con el de los jóvenes; los niños contribuyen a la educativa. En términos de Hacienda: "población ajustada". Con este criterio, todas las comunidades recibieron más de lo que recaudaron en 2024 a excepción de Madrid, Cataluña y Baleares. ¿Y la brecha entre Murcia y Cantabria? Nace de un reparto de fondos posterior para que ninguna comunidad pierda con respecto a los modelos anteriores. El sistema es arbitrario. Entonces, ¿por qué sigue en vigor?
El modelo, aprobado en 2009, preveía ser revisado cada 5 años. Tras su vencimiento en 2014, Mariano Rajoy tuvo una mayoría absoluta que le habría bastado para reformarlo; el problema fue la aritmética: una reforma que no añade dinero deja perdedores y ninguna comunidad acepta perder. La falta de dinero y el proceso soberanista en que se volcó la Generalitat hicieron que la ley se prorrogara por inercia. Pedro Sánchez, en el gobierno desde 2018, ha tardado casi ocho años en presentar su propuesta y la ha resuelto a golpe de talonario. Pero no tiene aseguradas ambas mayoría parlamentaria y el acuerdo territorial necesarios para su sustitución. En enero, Hacienda presentó una propuesta que añade 20.975 millones de euros y la garantía de que ninguna comunidad cobre menos que ahora. En septiembre, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, solo la apoyaron Cataluña y Canarias; salió adelante porque allí, el voto del Estado prácticamente basta por sí solo. El Congreso, que exige mayoría absoluta, tendrá la última palabra.
Hay muchas formas de igualdad. Ya en el siglo IV a. C., Aristóteles distinguía una forma proporcional de la misma: tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, en proporción a cuanto uno merece. Las comunidades españolas invocan esta igualdad proporcional, pero ¿qué debe medir la proporción? Imaginemos a tres hermanos compartiendo un bote común; cada uno aporta según lo que gana y todos sacan de él para sus gastos. Se expondrán tres maneras de repartirlo. En primera instancia, cada uno puede sacar dinero del bote según sus necesidades; el que más aporte terminará sacando lo mismo que los otros dos. La segunda manera ayuda al que menos tiene sin dejar que el que más puso termine por detrás de él. La tercera: asegurar a cada uno lo imprescindible y que el resto dependa de sus contribuciones.
Trasladadas a las comunidades, tienen nombre. La primera es la nivelación —que inspiró el modelo de 2009—: el dinero sigue las necesidades de la población, no su renta. La segunda, la ordinalidad, es la reclamación catalana según la cual una comunidad que aporta por encima de la media no ha de caer por detrás de las que aporten menos en el reparto. La tercera es, en cierto modo, la práctica que defiende la Comunidad de Madrid cuando reivindica su autonomía fiscal: un suelo común de servicios seguido de competencia.
¿Y qué defiende cada comunidad? La peor financiada, Murcia, defiende la primera opción. Cataluña, con la tercera mayor capacidad tributaria y habiendo retrocedido ocho puestos tras el reparto, la segunda. Madrid, la que más aporta, prefiere que se le pida lo mínimo. No es cuestión ideológica. Castilla-La Mancha y Asturias, gobernadas por el PSOE, rechazaron el modelo de su propio Gobierno. Las comunidades no se posicionan acorde a sus principios, llevan la calculadora por delante, presentan como "lo justo" lo conveniente.
¿Y qué hay del criterio del Gobierno? Los cálculos de FEDEA evidencian dos extremos. Cataluña es la que más gana, con 507 € más por habitante ajustado. Asturias, una de las comunidades más envejecidas de España, gana 122€ por habitante ajustado y pierde unos seis puntos en su índice de financiación relativa. Ateniéndonos a los criterios del 2009, la necesidad asturiana debería pesar más que la renta catalana; con los nuevos ocurre lo contrario. Murcia y la Comunidad Valenciana, las peor financiadas, también ganan cerca de 500 €. Y si bien el modelo no es un simple regalo a Cataluña, el reparto ha dejado de mirar solo la necesidad.
FEDEA señala que el sistema vigente introduce una financiación prácticamente independiente de la capacidad fiscal de cada comunidad: la nivelación diluye todo rastro de cuanto cada uno aporta. El nuevo modelo reintroduce en parte este vínculo. La entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo afirmó: "tiende a la ordinalidad" (Montero, 2026). En el bote de los hermanos, quien más pone recupera algo más. El Gobierno ha elegido, al menos en parte, la segunda idea de igualdad. Elección defendible; lo discutible es que se haya tomado sin debatirla.
Y aquí aparece la ironía. La solidaridad entre territorios ha sido durante décadas una bandera de la izquierda; la ordinalidad, una reclamación del nacionalismo catalán llevada a la Moncloa por Artur Mas en 2012, que el PSOE rechazaba entonces. Hoy, el mismo partido la incorpora a su modelo. ¿Por qué? Nadie suelta la calculadora: los votos de ERC y Junts. El gobierno socialista también negocia sus principios.
Como las comunidades, el Gobierno, no va a quedarse atrás. Para reunir los casi 21.000 millones de euros, el Estado cede a las comunidades una parte mayor de lo que recauda: el 55% del IRPF, frente al 50% actual, y el 56,5% del IVA, añadiendo una aportación directa. Nadie paga más impuestos: es el Estado central quien se queda con una porción menor de la misma tarta.
Pero… ¿cómo se tapa entonces el nuevo agujero?
¿La respuesta? Predecible: deuda, recortes o impuestos. El Gobierno no dice cuál. A corto plazo: ¿deuda? Pero la deuda de hoy son los impuestos de mañana. FEDEA advierte que la reforma tiene un coste de oportunidad: para que las comunidades dispongan de más recursos, el Estado tiene que quedarse con menos o los impuestas tendrán que subir. Cuando Oriol Junqueras celebró que en el nuevo modelo "nadie pierde y todo el mundo gana" (Junqueras, 2026) olvidó que fuera de prisión hay alguien que paga la cuenta. Si bien tenía razón en lo referente a la tabla de las comunidades, el perdedor es el Estado central y, por extensión, usted, lector, yo, y todos los contribuyentes.
Y he ahí el problema de fondo. La ordinalidad es una posición defendible. Los argumentos para que una comunidad que aporta más no se quede atrás en el reparto son sólidos. Lo que se derrumba es el procedimiento: una elección sin debate y consenso comprado con dinero nuevo. Que ninguna comunidad cobre menos que en el statu quo hace que nadie tenga que aceptar un cambio de criterio; permite que el dinero, como en 2009, sustituya al debate.
Pero, en términos de Yolanda Díaz, queda debate para rato. En el Congreso, la reforma depende de Junts, que la rechaza por insuficiente, y exige un concierto económico a la vasca: que Cataluña recaude todos sus impuestos y pague al Estado una cuota por sus servicios, sin participar en el reparto. El PP la rechaza, y la ley se atasca entre dos concepciones de igualdad que no han sido planteadas al ciudadano abiertamente.
Una reforma de este calibre debería empezar por lo que se ha evitado: decidir, con votos, qué debe igualar el sistema, antes de calcular cuánto recibe cada comunidad. Así, la pregunta queda reducida a la siguiente expresión: ¿necesidad, aportación o un mínimo común?
Únicamente después tendrá sentido repartir. Mientras tanto, la cláusula que garantiza que nadie pierda protege a comunidades como Cantabria y Extremadura, las que encabezan la clasificación. El murciano de la primera línea de playa verá como su comunidad recibe más dinero, pero seguirá sin saber por qué la del cántabro frente al Cantábrico recibe más que la suya.